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Reconocen derechos de niños jornaleros; Senado avala minuta

Reconocen derechos de niños jornaleros; Senado avala minuta
  • Publishedfebrero 25, 2022

CIUDAD DE MÉXICO. Por primera vez, los trabajadores agrícolas entre 15 y 18 años de edad serán sujetos de derechos laborales, porque el Senado avaló la minuta de la Cámara de Diputados para que todos los trabajadores del sector productivo primario en ese rango de edad sean considerados trabajadores formales, dada la realidad que implica que miles de adolescentes son jornaleros.

La reforma, avalada con el voto unánime de 95 legisladores presentes en el pleno, precisa en el artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo que se considerarán labores “peligrosas e insalubres” las “agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca, que impliquen el uso de químicos, manejo de maquinaria, vehículos pesados, y los que determine la autoridad competente”.
Con esta modificación se busca que la prohibición del trabajo infantil no incluya la mayoría de las actividades que realizan los adolescentes entre 15 y 18 años de edad, lo que permitirá su reconocimiento legal como empleados, con todos los derechos que eso conlleva para su seguridad salarial y de seguridad social.
El trabajo agrícola para las personas menores de 18 años, en todas sus modalidades y sin distinción alguna, está expresamente prohibido, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Ley Federal del Trabajo.
No obstante, en la actualidad, esta actividad se lleva a cabo motivada por un sinfín de causas, entre las cuales destacan, especialmente, la pobreza y la desigualdad social que hacen del trabajo infantil un elemento indispensable para el sustento económico de miles de familias mexicanas”, explicó Ricardo Monreal desde la tribuna del Senado.
Añadió que “la realización de actividades dentro del sector agrícola, sin la pertinente regulación jurídica, ha impactado en una seria problemática en el desenvolvimiento socioeconómico de las personas que habitan en esas zonas”.

La reforma fue turnada al Ejecutivo federal para su entrada en vigor.

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