Apuesta Congreso de la Unión a 11 reformas de impacto
Son las que más polémica han causado o que han tenido un apoyo mayoritario en el Legislativo; algunas han enfrentado controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Generadoras de un debate entre diversos sectores involucrados, motivantes de pugnas, acusaciones y hasta de acciones de inconstitucionalidad y controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 11 leyes y reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en 2021 nacieron en medio de la polémica y todavía están en litigio y dos surgieron con la esperanza de atenuar aristas de violencia.
Desde el 1 de febrero del 2021, al iniciar el último periodo ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura y hasta el 15 de diciembre del 2021, al concluir el primer periodo ordinario de la LXV Legislatura, el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron 82 decretos de reformas legales, nuevas leyes, cambios a la vida interna del propio Poder Legislativo, entregas de reconocimientos y declaraciones de días específicos para visualizar algún tema.
Pero entre ese universo de 82 decretos destacan 13, porque los temas que abordan despertaron el interés general de quienes están inmersos en los sectores que tocan o porque son parte de demandas sociales históricas, como ocurrió con tres de ellos.
Uno de ellos es la reforma legal que se conoce como la Ley Olimpia, que lleva a nivel federal el castigo para quien vulnera la intimidad de una persona y la exhibe en redes sociales u otros medios electrónicos y digitales. Surgió a partir de la lucha de una joven, Olimpia, víctima de un exnovio y que logró abrir la brecha para que se visualizara este fenómeno propio de un mundo cada vez más digitalizado.
El segundo es la reforma para prohibir el uso de animales en la industria cosmética, porque se trata de una demanda social en apoyo a los seres vivos que son usados con crueldad, insalubridad y todo tipo de maltratos, sin que hubiera un castigo para sus perpetradores.
Y el tercero es la nueva Ley General de Educación Superior, que, a pesar de que no fue explícitamente una demanda del sector, su construcción sí se pactó con la opinión de las instituciones de educación superior de todo el país, y aunque carece de los fondos necesarios para hacerse plenamente una realidad, conservó el principio constitucional de respetar de manera absoluta la autonomía de las instituciones educativas, tanto para decidir su mapa curricular como la libertad de cátedra y la forma de administrar sus recursos.
Los otros 11 decretos fueron parte de propuesta de oficialismo y que enfrentaron el rechazo de diversos sectores, aunque eso no provocó que se cancelaran; por el contrario, a pesar de las críticas, son hoy una realidad en el orden jurídico nacional.
