Apuesta Congreso de la Unión a 11 reformas de impacto

Son las que más polémica han causado o que han tenido un apoyo mayoritario en el Legislativo; algunas han enfrentado controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Generadoras de un de­bate entre diversos sectores involucrados, motivantes de pugnas, acusaciones y has­ta de acciones de in­constitucionalidad y controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 11 leyes y reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en 2021 nacie­ron en medio de la polémi­ca y todavía están en litigio y dos surgieron con la espe­ranza de atenuar aristas de violencia.

Desde el 1 de febrero del 2021, al iniciar el último pe­riodo ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura y has­ta el 15 de diciembre del 2021, al concluir el primer periodo ordinario de la LXV Legisla­tura, el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron 82 decretos de reformas lega­les, nuevas leyes, cambios a la vida interna del propio Poder Legislativo, entregas de reco­nocimientos y declaraciones de días específicos para vi­sualizar algún tema.

Pero entre ese universo de 82 decretos destacan 13, por­que los temas que abordan despertaron el interés general de quienes están inmersos en los sectores que tocan o por­que son parte de demandas sociales históricas, como ocu­rrió con tres de ellos.

Uno de ellos es la reforma legal que se conoce como la Ley Olimpia, que lleva a nivel federal el castigo para quien vulnera la intimidad de una persona y la exhibe en redes sociales u otros medios elec­trónicos y digitales. Surgió a partir de la lucha de una joven, Olimpia, víctima de un exno­vio y que logró abrir la brecha para que se visualizara este fenómeno propio de un mun­do cada vez más digitalizado.

El segundo es la reforma para prohibir el uso de ani­males en la industria cosmé­tica, porque se trata de una demanda social en apoyo a los seres vivos que son usados con crueldad, insalubridad y todo tipo de maltratos, sin que hubiera un castigo para sus perpetradores.

Y el tercero es la nueva Ley General de Educación Supe­rior, que, a pesar de que no fue explícitamente una de­manda del sector, su cons­trucción sí se pactó con la opinión de las instituciones de educación superior de todo el país, y aunque carece de los fondos necesarios para hacerse plenamente una rea­lidad, conservó el principio constitucional de respetar de manera absoluta la autono­mía de las instituciones edu­cativas, tanto para decidir su mapa curricular como la li­bertad de cátedra y la forma de administrar sus recursos.

Los otros 11 decretos fue­ron parte de propuesta de ofi­cialismo y que enfrentaron el rechazo de diversos sectores, aunque eso no provocó que se cancelaran; por el contrario, a pesar de las críticas, son hoy una realidad en el orden jurí­dico nacional.

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